También puedes llamarnos al 900 831 282 o escribirnos por WhatsApp.
Cuando los pagos a proveedores, a Hacienda, a la Seguridad Social o a la plantilla se atrasan, o cuando previsiblemente no se van a poder atender a tiempo, no es solo un problema de tesorería. En una sociedad, el órgano de administración tiene deberes legales y plazos concretos. Si se dejan pasar, el retraso puede acabar en un concurso culpable, en responsabilidad por deudas sociales o en una derivación de Hacienda o de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esta página es para administradores, socios con funciones de gestión, autónomos con actividad empresarial o profesional y asesores que necesitan una decisión clara: ¿conviene abrir negociaciones con los acreedores, homologar un plan de reestructuración o solicitar el concurso?
En Solvendi Abogados estudiamos la situación contable y jurídica, te explicamos las opciones y, si nos encargas el asunto, tramitamos el procedimiento en toda España.
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial mercantil que se abre cuando el deudor está en insolvencia. La Ley Concursal distingue dos situaciones, y la diferencia importa:
El deudor puede solicitar el concurso tanto si la insolvencia es actual como si es inminente. El deber de solicitarlo, en cambio, se dispara con la insolvencia actual: el artículo 5 de la Ley Concursal obliga a pedir la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer ese estado. Salvo prueba en contrario, se presume que lo conocía cuando ha ocurrido alguno de los hechos que pueden fundar la solicitud de un acreedor: por ejemplo, embargos que afecten de manera general al patrimonio, un sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones o el impago generalizado, durante los tres meses anteriores, de obligaciones tributarias, de cuotas de la Seguridad Social o de salarios.
Ese plazo de dos meses se puede gestionar de otra forma si, a tiempo, se comunica al juzgado la apertura de negociaciones para un plan de reestructuración. Lo vemos en el siguiente apartado.
Si quieres el detalle del cómputo y de los pasos, lo hemos explicado en cuándo presentar el concurso de acreedores y en qué hacer ante la insolvencia de una empresa.
No todo insolvencia termina en un concurso, y no todo concurso termina en liquidación. Analizamos qué vía encaja con la situación real de la empresa y la tramitamos.
El artículo 585 de la Ley Concursal permite al deudor —persona natural o jurídica— comunicar al juzgado que está negociando con sus acreedores, o que va a empezar a hacerlo de inmediato, para alcanzar un plan de reestructuración. En una sociedad, la presenta el órgano de administración. Puede hacerse en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o, si aún no se ha admitido a trámite un concurso necesario, también en insolvencia actual.
Hay probabilidad de insolvencia cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse el plan, el deudor no podrá cumplir las obligaciones que venzan en los próximos dos años.
Los efectos de esa comunicación duran tres meses, prorrogables hasta otros tres si se cumplen los requisitos legales. Durante ese tiempo hay límites a las ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad, con un régimen propio para los acreedores públicos. Si llega el final de ese periodo, no hay plan y el deudor está en insolvencia actual, debe solicitar el concurso dentro del mes siguiente.
Lo desarrollamos en preconcurso: la comunicación, los plazos y sus efectos.
Un plan de reestructuración puede modificar la composición, las condiciones o la estructura del activo, del pasivo o de los fondos propios, e incluir transmisiones de activos o de unidades productivas, con el fin de superar la situación. Lo tramitamos y, cuando procede, pedimos su homologación judicial. Si la comparación entre esta vía y el concurso te ayuda a decidir, empieza por nuestra guía del plan de reestructuración.
Cuando la vía adecuada es el concurso, preparamos y presentamos la solicitud, con la documentación que exige la ley. Te acompañamos en la fase común y, según el caso, en la negociación de un convenio con los acreedores o en la liquidación, incluido el tratamiento de los créditos contra la masa. También vemos el impacto laboral del procedimiento; sobre eso puedes leer qué sucede con los trabajadores en un concurso.
Si concurren los supuestos del artículo 37 bis de la Ley Concursal —por ejemplo, que no haya bienes embargables, o que el valor de lo realizable no cubra el coste del procedimiento—, el juzgado puede declarar un concurso sin masa, con un llamamiento a los acreedores y, en su caso, el nombramiento de un administrador concursal para informar sobre acciones rescisorias, responsabilidad de administradores o una posible calificación culpable. No es un «concurso express» ni un plazo fijo para «cerrar la empresa en dos meses». El régimen está en los artículos 37 bis y siguientes. Lo explicamos en nuestra pieza sobre el concurso sin masa.
Si se abre la sección de calificación, defendemos al administrador, al liquidador o a quien resulte persona afectada. El concurso se califica como culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave. La ley presume, salvo prueba en contrario, que es culpable si no se pidió el concurso cuando debía pedirse, o si se incumplieron deberes de colaboración o de formulación, auditoría y depósito de cuentas. En liquidación, la sentencia puede condenar a cubrir, total o parcialmente, el déficit. Más detalle en calificación del concurso culpable.
Además de la calificación, analizamos el riesgo de la responsabilidad solidaria por deudas sociales del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital y el de una derivación por Hacienda o por la Seguridad Social, que detallamos más abajo. El objetivo es anticipar esos riesgos y documentar las decisiones a tiempo.
Si el deudor es una persona natural (autónomo o empresario individual), de buena fe, puede solicitar la exoneración del pasivo que quede insatisfecho, con o sin liquidación previa, en los términos de los artículos 486 y siguientes de la Ley Concursal. Una sociedad no se «exonera» de la misma manera. Para ese cauce, el servicio de referencia es la Ley de Segunda Oportunidad. También puede ayudarte la guía del concurso para autónomos.
Retrasar la decisión no «gana tiempo». En muchos casos, lo que hace es trasladar el problema al patrimonio del administrador.
Si estás en esa tesitura, cuanto antes se revise el caso, más margen hay para elegir la vía y dejar constancia de que se ha actuado a tiempo.
Rellena el formulario o llámanos. Conviene adelantar, si los tienes, cuentas, listado de deudas, embargos o requerimientos de Hacienda o de la Seguridad Social, y una breve nota de lo que está pasando en la empresa.
Hacemos una primera valoración sin compromiso. Te decimos qué vía vemos más adecuada —comunicación de negociaciones, plan de reestructuración, concurso voluntario o, si ya hay un concurso necesario, la defensa— y te enviamos un presupuesto claro, por escrito, con el alcance del encargo, antes de empezar.
Si aceptas el presupuesto, preparamos la documentación, presentamos lo que corresponda ante el juzgado y te acompañamos en cada fase, en coordinación con tu equipo de administración y, cuando haga falta, con tus asesores contables o laborales.
El concurso y el preconcurso se deciden sobre números y sobre plazos. En Solvendi Abogados trabajamos con abogados expertos en insolvencia y con profesionales del análisis contable, para valorar la situación real de la empresa y documentar bien cada escrito.
Actuamos en toda España. El concurso se presenta ante el juzgado competente; no hace falta que la empresa esté en una ciudad concreta para que podamos encargarnos.
La primera valoración no te obliga a contratarnos. Si seguimos adelante, el precio y el alcance quedan por escrito antes de iniciar el trabajo.
Cuando el deudor está en insolvencia actual: no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Debe pedirlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer ese estado. Si se ha comunicado al juzgado la apertura de negociaciones, ese deber se exige de otra forma: acabados los tres meses de efectos —o la prórroga, si se concede— y si sigue en insolvencia actual y no hay plan, hay que solicitar el concurso dentro del mes siguiente.
Sí. Si hay probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o, con matices, insolvencia actual, se puede comunicar la apertura de negociaciones para un plan de reestructuración. Esa comunicación no quita las facultades de administración de la empresa, pero sí despliega efectos temporales frente a ciertas ejecuciones y frente al deber de solicitar el concurso.
No. El concurso puede terminar en un convenio que permita continuar la actividad, en una reestructuración previa que evite llegar a él, o en liquidación. También puede declararse un concurso sin masa cuando se dan los supuestos legales. La vía depende de la situación real del activo, del pasivo y de si la actividad es viable.
No de forma automática. La sociedad responde con su propio patrimonio. El administrador puede llegar a responder si el concurso se califica como culpable, si se le condena a cubrir el déficit, si incumple los deberes de disolución de la Ley de Sociedades de Capital o si Hacienda o la Seguridad Social derivan la deuda en los supuestos que la ley prevé. Actuar dentro de plazo —comunicar las negociaciones o solicitar el concurso— es, precisamente, una de las formas de reducir ese riesgo.
Es el concurso que se declara cuando, por este orden, no hay bienes embargables, el coste de realizarlos es manifiestamente desproporcionado, lo que está libre de cargas vale menos que el procedimiento, o las cargas superan el valor de mercado de esos bienes. El juzgado llama a los acreedores que representen al menos el cinco por ciento del pasivo para que, en quince días, puedan pedir el nombramiento de un administrador concursal. No equivale a un cierre automático en un plazo fijo de dos meses.
La exoneración del pasivo insatisfecho la puede pedir el deudor persona natural, sea o no empresario, si es de buena fe y cumple los requisitos legales. Una sociedad no utiliza ese mismo mecanismo. Si eres autónomo o empresario individual, el servicio de Ley de Segunda Oportunidad es el que cubre esa exoneración.
Pueden intentarlo, pero solo en los casos que la ley establece y, en la vía subsidiaria, por regla general cuando el deudor principal es insolvente. En Hacienda, el artículo 43 de la Ley General Tributaria regula la responsabilidad subsidiaria de los administradores en supuestos como infracciones tributarias o deudas pendientes en caso de cese de actividad. En la Seguridad Social, la recaudación puede dirigirse contra responsables subsidiarios cuando una norma con rango de ley lo prevea; la apertura de la liquidación concursal es una de las circunstancias que permiten considerar insolvente al deudor principal. Cada caso hay que verlo con la documentación concreta.
La primera valoración no te compromete a contratarnos. Si el encargo sigue adelante, te enviamos un presupuesto escrito, con el alcance del trabajo, antes de empezar. El importe depende de la vía (comunicación, plan de reestructuración o concurso), del tamaño de la empresa y de la complejidad del pasivo. Así sabes desde el principio cuánto te va a costar, con un presupuesto cerrado.
Cuéntanos qué está pasando en la empresa. Hacemos una primera valoración sin compromiso y, si podemos encargarnos, te enviamos un presupuesto claro, por escrito, antes de empezar.
También puedes llamarnos al 900 831 282 o escribirnos por WhatsApp.